Violencia institucional

De Del Sector Social
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La violencia institucional es la práctica de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas armadas y de seguridad, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.

Amnistía Internacional define la violencia institucional como “la acción u omisión de organismos del Estado en cuanto a proteger y garantizar a los ciudadanos, el ejercicio pleno de de sus derechos humanos. De conformidad con nociones aceptadas internacionalmente”.

No existe un listado taxativo de las prácticas de violencia institucional. Sin embargo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina realizó una tipificación de estos actos.


Desde el entorno donde ocurren:


  • Situaciones de Tránsito - Comprende situaciones en que las personas se encuentran en espacios públicos, en móviles y medios de transporte y en paradores para personas en situación de calle.
  • Situaciones de Detención - Incluye comisarías e instalaciones policiales, instalaciones de fuerzas de seguridad, centros de detención, y domicilios particulares en los que se realizan detenciones.
  • Situaciones de Internación - Refiere de aquellas situaciones en que las personas se encuentran bajo observación y/o cuidado y/o tratamiento en instituciones orientadas primordialmente al cuidado de la salud tanto públicos como privados.
  • Situaciones de Formación, Entrenamiento y/o Rehabilitación Comprende a los centros de día, escuelas de formación fuerzas de seguridad, escuelas penitenciarias y escuelas de formación de las distintas ramas de las fuerzas armadas.


Desde el punto de vista de las prácticas realizadas:


  • Prácticas vinculadas al hábitat y las condiciones de alojamiento en los distintos ámbitos de restricción de autonomía y/o libertad en las que las/os personas son alojadas: i.e. destrucción de propiedades, mala alimentación, malas condiciones higiene)
  • Prácticas vinculadas a distintas formas de violencia física: i.e. desaparición forzada, golpes, muerte, sometimiento a corriente eléctrica.
  • Prácticas vinculadas a distintas formas de violencia psíquica/psicológica: i.e: Alejamiento de vínculos, amenazas, disparos intimidatorios, hostigamiento.
  • Prácticas vinculadas a distintas formas de violencia sexual y/o de género: i.e. desnudo parcial o total, esterilización forzada, mutilación genital, tratamiento psicológico compulsivo por identidad sexual / de género, violación.
  • Prácticas vinculadas a distintas formas de negación del acceso a la atención médica y sanitaria. violencia por la inadecuada atención médica, sanitaria y terapéutica. En estos casos se remite no sólo a la violación del derecho a la salud sino de la obligación positiva contraída en relación a la prohibición de la tortura y los malos tratos. I.e: denegación de acceso al aborto no punible y la atención postaborto, denegación de acceso atención médica o terapéutica, falta de administración de medicación, intervención médica forzada.


También se plantea por parte de la Sub-Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, otros dos tipos de violencia institucional como son las irregularidades administrativas (i.e: falta de notificación a los juzgados, manipulación de pericias, etc) y las irregularidades judiciales (i.e: causas armadas, falsa tipificacion).

Tales prácticas irregulares, que se pueden dar por acción u omisión, tienen como resultado el encubrimiento y la impunidad frente a cualquier forma de violencia sobre las personas que se encuentran bajo regímenes de restricción de autonomía y/o libertad. Estas prácticas comprenden las situaciones que son imputables a funcionarios, aún cuando no hayan sido llevadas a cabo por ellos mismos.


Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

En Argentina, se instituyó el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Esta fecha se instauró como una forma de rememorar las graves violaciones a los Derechos Humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y con el propósito de promover la gestación y puesta en marcha de políticas públicas en materia de seguridad frente a este tipo de violencia.

El día 08 de mayo de 1987 tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en el barrio de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuando estaban sentados en la esquina de las calles Guamini y Figueredo.

Por el crimen fueron condenados a 11 años de prisión el suboficial de la Policía Bonaerense Ramón Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el caso Isidro Rito Romero. Los tres estuvieron prófugos y según los querellantes con protección policial en su fuga.




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